La Mesa del Parlamento de Andalucía, en la que el PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, ha denegado este miércoles la petición del partido ultraderechista de conocer la identidad de todos los trabajadores destinados en las unidades de lucha contra la violencia de género. Todos los grupos políticos representados en la Cámara, salvo Vox, además del Gobierno andaluz, habían expresado su rechazo a esta petición cursada por el diputado Francisco Serrano, quien argumentó que hay profesionales “no cualificados e ideologizados que influyen” en las decisiones judiciales en esta materia.
Serrano había pedido el número de colegiados de sus respectivos colegios profesionales, “si estuvieran dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses” que prestan o han prestado servicios en esos departamentos entre 2012 y 2019. Se trataría de empleados en equipos psicosociales de los juzgados de Familia y de Menores que evalúan el riesgo que sufren las víctimas de la violencia machista, la posibilidad de reincidencia del agresor y quién debe tener la custodia del menor.
La solicitud no ha sido por tanto calificada ni admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, que ha tenido en cuenta la posibilidad de que la propuesta colisione con la ley de Protección de Datos, según fuentes parlamentarias.
Antes de conocerse la decisión de la Mesa, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha afirmado que si se producía el rechazo, su grupo optaría por solicitar los datos “de otra manera, pidiendo solo los perfiles profesionales” y no las identidades. Según Alonso, al partido ultra le valdría con que se diera a conocer “la titulación y la experiencia” y no los nombres y apellidos -como se había solicitado- de quienes cumplen ese cometido, una labor que “no puede hacer cualquiera”.