Un juez federal de México ordenó el miércoles la detención en un reclusorio de la Ciudad de México de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, por supuestos delitos relacionados al lavado de dinero y crimen organizado. Fue Collado quien llevó la demanda de divorcio del exmandatario con la actriz Angélica Rivera, que se concretó en mayo, y también participó en la defensa de Raúl Salinas —hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari—, tras ser vinculado en 1994 al homicidio de Francisco Ruiz Massieu, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La justicia mexicana investiga a Collado por supuestamente formar parte de un entramado ilícito que habría movido de forma oscura decenas de millones de pesos mexicanos, tanto a lo interno del país norteamericano como a través de transferencias en España y Andorra. Collado fue detenido la tarde del martes al salir de un restaurante en una zona exclusiva de la capital mexicana, en un operativo en el que participaron 20 agentes federales.
En la orden de aprehensión, emitida por el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, se afirma que Collado es socio mayoritario y hasta este miércoles presidente del Consejo de Administración de la empresa financiera Libertad Servicios Financieros, fundada en 1960 y dedicada a ofrecer créditos personales, refinanciamientos de deudas o servicios de empeño de objetos de valor. El documento judicial se hace eco de una denuncia interpuesta ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el empresario Hugo Bustamante Figueroa, quien señala al abogado y a otras cuatro personas de haber comprado de forma irregular un edificio de seis plantas en Querétaro, ciudad localizada en el centro de México. Bustamante nombra en su acusación —sin dar pruebas concretas— como socios importantes de la financiera Libertad a los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari, junto a Francisco Domínguez, gobernador del Estado de Querétaro, y Mauricio Kuri, quien lidera el bloque del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado mexicano. «Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez Servién, Kuri, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros».
Según la relación de hechos, Bustamante es propietario del 50% de las acciones de la Empresa Operadora de Inmuebles del Centro, que compró un lote de 3.800 metros cuadrados en Querétaro. En ese terreno se construyó el edificio de seis plantas valorado en 700 millones de pesos (unos 36 millones de dólares). En 2013 se realizó una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa a la que Bustamante alega que no fue invitado y en la que sus acciones fueron vendidas de forma irregular, además de otorgar poderes notariales para vender a un precio menor del real el edificio. El inmueble fue vendido por 173 millones de pesos —impuestos incluidos— a la empresa Libertad Servicios Financieros, del abogado Collado. Él puso como condición para la compra la entrega de 24 millones de pesos, que fueron transferidos a su cuenta. Otros 100 millones, según Bustamante, se destinaron a financiar la campaña de Domínguez por la gubernatura de Querétaro “a fin de obtener favores una vez electo”. El gobernador negó el miércoles las acusaciones y dijo que podría demandar Bustamante por difamación. “No voy a permitir que se ensucie mi nombre”, acotó.