Bacardi respalda el derecho de empresarios en EEUU a demandar por propiedades confiscadas en Cuba

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La compañía multinacional Bacardi, de origen cubano, respaldó esta semana la postura de la Casa Blanca de implementar el Título III de la controvertida ley Helms-Burton que permite demandar a compañías que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en los años sesenta.

“Bacardi, como muchos otros, es una empresa que perdió todas sus propiedades cubanas en una confiscación ilegal sin compensación. Respaldamos el derecho y la capacidad de los afectados para buscar justicia y evitar un mayor tráfico de propiedades robadas”, dijo la empresa al diario The Royal Gazette, en Bermudas, sede de la compañía.

Bacardi nació en Santiago de Cuba, al oriente de la isla en 1862, pero tuvo que exiliarse tras la confiscación de todas sus propiedades con el giro comunista de la revolución castrista. Desde 1965 la empresa tiene su sede en Bermudas, aunque también tiene oficinas en Miami, México y Puerto Rico.

El pasado lunes, la Casa Blanca anunció que permitiría a los estadounidenses demandar en tribunales federales a unas 200 compañías controladas por los militares en la isla. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump se cuidó de no implementar completamente el Título III de la Helms-Burton, lo que pudiera acarrear una serie de disputas con aliados de EEUU que tienen grandes inversiones en la isla.

Desde que fue aprobada la ley en 1996, el Título III ha sido suspendido durante seis meses. El Departamento de Estado, sin embargo, indicó este lunes que anunciaba una prórroga de 30 días al Título III con una exención clave: las compañías estatales que están en una lista negra y que incluyen hoteles de lujo como el Grand Packard Hotel, recién inaugurado en La Habana, y el Bella Vista de Varadero.

La implementación de la ley es vista por diversos observadores como un castigo a “la troika de tiranías”, como definió el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, a los países del llamado socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estados Unidos busca socavar el apoyo cubano al régimen de Nicolás Maduro, quien se encuentra en un pulso por el poder en Venezuela con el presidente interino Juan Guaidó.

Cuba rechazó “en los términos más enérgicos” la implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, a la vez que aseguró que “las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución y en conformidad con el Derecho Internacional”.

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